"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
La agenda amable de la discapacidad
Por Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI
18/08/2013
La salida de la grave situación económica y de empleo que atraviesa España no debe enfrentarse con recortes sociales, que inciden siempre en los grupos más vulnerables o sometidos a mayor riesgo de exclusión, como son el de las personas con discapacidad y sus familias, sino que han de dar pie a procesos de creatividad política que pongan en práctica medidas innovadoras de avance que no lleven aparejado necesariamente un coste monetario adicional.
En el ámbito de las políticas públicas de la discapacidad, para el movimiento asociativo español, el despliegue de este tipo de medidas es posible y viable, por lo que solo hace falta imaginación y audacia políticas para llevarlas a término. A esta serie de iniciativas, que generan cambio social favorable al grupo de interés al que se dirigen, sin tener como contrapartida la elevación apreciable del esfuerzo financiero público, la hemos dado en llamar la “agenda amable de la discapacidad”, alternativa y sustitutoria de la ingrata e impopular “agenda real” que los gobiernos vienen aplicando, también en la esfera de la discapacidad, pues no han sido adiestrados aún en las sutiles diferencias entre política y economía. Confunden en una suerte de aciaga sinécdoque la parte (la economía) por el todo (la política).
A modo de ejemplo, desde el CERMI planteamos, para abrir boca, 10 propuestas de acción, propias de esta agenda amble, que de adoptarse contribuirían a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias, sin coste directo para las arcas públicas.
Estas medidas son:
• En el ámbito de los derechos políticos de las personas con discapacidad:
- Cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que ninguna persona con discapacidad pueda ser privada del derecho de sufragio (a votar y a ser votado), como ocurre en estos momentos, en que más de 80.000 ciudadanos, por razón de una discapacidad intelectual o mental, está despojados del derecho más básico en democracia. (1)
• En el ámbito de la activación y la inclusión laborales:
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Modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer que solo podrán participar en procesos de contratación con las Administraciones Públicas las empresas, que estando obligadas, acrediten previamente el cumplimiento de la reserva legal de empleo a favor de personas con discapacidad. (2)
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Modificar la Ley General de Subvenciones para que cualquier empresa o entidad que desee acogerse a una subvención o ayuda públicas acredite previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad, si estuviera obligada. (3)
- Modificar la Ley de Contratos del Sector Público para disponer una reserva obligatoria -de entre el 6 y el 10%- de contratos públicos en favor de empresas sociales, como los centros especiales de empleo o las empresas de inserción. (4)
• En el ámbito de la accesibilidad y la movilidad:
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Reforma urgente de la Ley de Propiedad Horizontal para aplicar a las obras y actuaciones de accesibilidad en inmuebles y edificios sometidos a este régimen jurídico las reglas generales de que los costes son asumidos en su integridad por las comunidades de propietarios, eliminado el límite vigente cuando se trata de suprimir barreras, que discrimina a los vecinos con discapacidad y a los mayores de 70 años. (5)
- Modificar la Ley General de Carreteras para declarar exentos de peaje los vehículos de los que sean titulares o sirvan para transportar a personas con movilidad reducida, que posean tarjeta oficial identificativa que reconozca esta situación. Esta medida está vigente en la mayor parte de los países europeos, y puede materializarse negociando el Estado con las concesionarias de autopistas de peaje las condiciones de prestación del servicio (ampliación de los plazos de concesión, etc.). (6)
• En el ámbito de la generación de nuevos recursos para destinarlos a fines de inclusión social de grupos vulnerables:
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Reformar los preceptos del Código Civil vigente en materia de abintestatos (herencias que recibe el Estado cuando la persona fallecida muere sin testar y sin tener herederos forzosos), para que esos ingresos se dediquen íntegramente a incrementar los fondos para el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. (7)
- Modificar la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 2003, para rebajar de 25 a 10 años, el periodo en que las cuentas bancarias “durmientes” (cuentas corrientes, libretas de ahorro, depósitos, etc. que durante prolongados lapsos de tiempo permanecen sin actividad por parte de sus titulares) han de integrase en el Tesoro Público, pero dedicando esos nuevos recursos a finalidades sociales como por ejemplo programas de atención a sectores ciudadanos en grave riesgo de exclusión desarrollados por entidades cívicas. (8)
• En el ámbito de la prevención de la seguridad vial y la atención a las víctimas de accidentes de circulación:
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Desarrollar reglamentariamente la vigente Ley de Seguridad Vial para dedicar el 33% de lo que el Estado recaude por sanciones de tráfico a programas de asistencia, apoyo y promoción de la vida activa de víctimas de accidentes de circulación que a consecuencia de los mismos hayan adquirido una discapacidad. La Ley incluye la atención a las víctimas como uno de los objetivos del fondo que generen las multas, pero debe ser la norma reglamentaria la que determine los detalles del reparto. (9)
- En la próxima reforma de la legislación sobre el baremo legal de indemnizaciones a víctimas de accidentes de tráfico, en curso en estos momentos, destinar por Ley entre el 1 o el 2% del volumen anual de primas del seguro de vehículos, a dotar un fondo para la atención a la víctimas de siniestros a las que les sobreviene una discapacidad permanente. (10)
Estas 10 medidas, que no ocasionan gasto directo para los presupuestos públicos, entre otras 50 análogas –dicho sin petulancia– que podrían proponerse, solo requieren de voluntad política y prueban que a pesar de la crisis y las cacareadas dificultades financieras, hay espacio para la acción política transformadora. La política también puede tratar de granjearse la simpatía de la gente, que buena falta le hace.
